Madrid. 24 de abril. En un momento en el que la pandemia del COVID-19 está asolando a nuestro país, las organizaciones de la enseñanza concertada consideran que es necesario priorizar la vida y la salud de nuestra sociedad. Precisamente por eso, no es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la LOMLOE, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan significativo como el educativo.

Los representantes de la Plataforma “Concertados”, entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE(Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera), y abierta a nuevas adhesiones, se han reunido hoy viernes, con carácter urgente, ante la decisión del Gobierno de no querer prorrogar los plazos de presentación de enmiendas a la totalidad, una actitud que al menos es poco elegante y, desde luego, poco democrática.
La prisa Gobierno parece obedecer, no solo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir nuevas enmiendas que limitarían la libertad de enseñanza, solo consensuadas por los socios de Gobierno. Además, revelaría su propósito de escamotear a la opinión pública el debate sobre una ley esencial que no goza de consenso en la comunidad educativa, evitando de paso posibles actuaciones públicas contrarias de una parte importante de la sociedad.
Medidas de este tipo, unilaterales y que despiertan sospechas, no ayudan a conseguir el Pacto Escolar que demanda y necesita la sociedad. Es más, la Plataforma Concertados solicita que los pactos de Estado que busca el Gobierno para facilitar la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia de coronavirus, incluyan también las cuestiones educativas. Esto serviría para lograr una reforma consensuada centrada en los problemas reales que tiene la enseñanza de este país y entonces, solo entonces, estaremos preparados para una ley educativa de todos y para todos.